- Hace casi 11 años el gobierno rescindía el contrato de concesión firmado con Aguas Provinciales de Santa Fe. - El 31 de enero del 2006 la gobernación daba por terminado el vínculo contractual “por culpa de la concesionaria que disolvió la sociedad” integrada, entre otras, por empresas extranjeras como el grupo Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona e Interagua. - La empresa que prestó el servicio de agua potable y desagües cloacales durante 10 años tiene planteado un recurso contencioso administrativo contra la provincia en el reclama un resarcimiento económico de 354 millones de dólares. - Sin embargo, tramitó una declaratoria de pobreza en ese juicio para poder litigar sin gastos. - Sustenta el pedido en que Aguas Provinciales no tiene recursos porque la sociedad fue disuelta. - El planteo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia tras el rechazo a la declaratoria de pobreza por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe. - El máximo tribunal no hizo lugar la queja de Aguas Provinciales porque igual que la Cámara de Apelaciones entiende que “está en condiciones de obtener los medios a fin de afrontar económicamente el juicio iniciado”.