El respeto y el acatamiento de las decisiones judiciales constituye una premisa básica de convivencia en los estados democráticos, razón por la cual resulta un mensaje negativo para la sociedad y un debilitamiento para el sistema republicano que se interfiera en la marcha de un proceso expresando opiniones condicionantes desde el Poder Ejecutivo nacional sobre el sentido y el contenido que tienen que tener las decisiones de los magistrados intervinientes.

Las leyes que regulan el uso de la fuerza por parte del Estado son una protección para todos los ciudadanos, siendo el control judicial propio de todo Estado de Derecho el resguardo esencial de su ejercicio.

La independencia judicial es una garantía de los ciudadanos en una República y su vigencia es impuesta por la Constitución nacional y por Pactos Internacionales de Derechos Humanos, correspondiendo a todos los habitantes, y en particular a las autoridades de los Poderes del Estado.